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Lucía García López ha actualizado una entrada en el grupo Psicólogos Forenses
hace 3 semanas, 6 diasDiferenciación pericial entre conflicto laboral y acoso psicológico en el ámbito forense
Resumen jurídico-forense
La distinción entre conflicto laboral y acoso psicológico requiere análisis pericial especializado conforme al artículo 173.1 del Código Penal. El conflicto laboral presenta carácter puntual y bilateral, mientras que el acoso implica conducta sistemática, asimétrica y degradante. La evaluación forense debe considerar elementos como la intencionalidad hostigadora, la frecuencia y duración de las conductas, y el desequilibrio de poder. La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el acoso requiere estrategia deliberada de destrucción psicológica, conforme a los criterios del Leymann Inventory of Psychological Terrorization.
Análisis e implicaciones
Esta diferenciación resulta crucial para determinar la tipificación penal conforme al delito contra la integridad moral o la aplicación de normativa laboral. El Real Decreto 299/2016 sobre riesgos psicosociales establece la obligación empresarial de prevención. La correcta catalogación influye en la responsabilidad civil y penal, así como en las prestaciones por incapacidad temporal reconocidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Aplicación profesional
Los psicólogos forenses emplean instrumentos como el Cuestionario de Acoso Psicológico Percibido y la Escala Cisneros para objetivar la sintomatología. La pericia debe incluir análisis cronológico de incidentes, evaluación del daño psíquico mediante escalas validadas, y nexo causal entre conductas y sintomatología. La Guía de Buenas Prácticas del Colegio Oficial de Psicólogos establece protocolos específicos para la evaluación forense en contextos laborales.
Contexto normativo
El marco normativo incluye la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, la Directiva 89/391/CEE sobre seguridad laboral, y la Resolución del Parlamento Europeo sobre acoso moral. La Fiscalía General del Estado ha emitido instrucciones específicas para la persecución de estos delitos, mientras que el Tribunal Constitucional ha establecido doctrina sobre la protección de la dignidad en el trabajo.
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