Procesos de revictimización en el ámbito judicial: identificación y prevención desde la psicología forense

Resumen jurídico-forense

La revictimización constituye un fenómeno que afecta especialmente a víctimas de violencia de género, delitos sexuales y menores durante el proceso judicial. Se manifiesta mediante interrogatorios repetitivos, cuestionamiento de la credibilidad del testimonio, exposición mediática no controlada y falta de información sobre el procedimiento. El artículo 4 del Estatuto de la Víctima del Delito establece el derecho a no sufrir victimización secundaria. Los protocolos de prueba preconstituida regulados en el artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal buscan minimizar estos efectos mediante la grabación anticipada de declaraciones en entornos adecuados.

Análisis e implicaciones

La revictimización compromete la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la Constitución Española y puede invalidar diligencias probatorias por vulneración de derechos fundamentales. Impacta directamente en la calidad del testimonio, generando memoria traumática fragmentada y síntomas de estrés postraumático secundario. La Directiva 2012/29/UE sobre derechos de las víctimas establece estándares mínimos para prevenir estos procesos, exigiendo evaluaciones individuales de protección y medidas de apoyo especializado durante todo el procedimiento judicial.

Aplicación profesional

Los psicólogos forenses deben evaluar el riesgo de revictimización mediante protocolos estandarizados y proponer medidas de protección como el uso de biombo o videoconferencia según el artículo 707 LECrim. En casos de menores, se aplica el protocolo de entrevista cognitiva en Cámaras Gesell con grabación audiovisual. Los informes periciales deben incluir recomendaciones sobre modalidades de declaración, presencia de personal especializado y pausas durante interrogatorios. La Fiscalía coordina estas medidas con las Oficinas de Asistencia a las Víctimas para garantizar acompañamiento psicológico continuado.

Contexto normativo

El marco normativo se sustenta en la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, la Ley Orgánica 1/2004 de Violencia de Género y las directrices del Ministerio Fiscal. La Directiva 2012/29/UE establece estándares europeos de protección. El Tribunal Supremo ha consolidado jurisprudencia sobre nulidad de actuaciones por revictimización institucional.

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Laura Otero Feijóo

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