Lenguaje jurídico y argumentación: ocho expresiones que erosionan la credibilidad del abogado en sala

En el ejercicio profesional del Derecho, la credibilidad técnica no se construye únicamente sobre el dominio de la norma positiva o el conocimiento de la jurisprudencia vigente. La forma en que el letrado articula sus argumentos ante jueces y tribunales determina, en gran medida, la solidez percibida de su intervención. El lenguaje jurídico no es un elemento accesorio: es, en sí mismo, una herramienta de persuasión racional.

El uso de expresiones imprecisas, muletillas vacías de contenido, argumentos fundamentados en la autoridad personal del interviniente o afirmaciones huérfanas de sustento probatorio pueden debilitar una intervención que, en su estructura de fondo, resultaría técnicamente sólida. Estos vicios comunicativos no son menores: afectan directamente a la fuerza argumentativa de la defensa o de la acusación y comprometen la claridad que exige el juzgador para formar su criterio.

Con ese propósito, se identifican ocho frases recurrentes en la práctica forense oral que los abogados deberían evitar, junto con las razones técnicas por las que su empleo deteriora la calidad de la argumentación legal. La comunicación jurídica contemporánea demanda claridad expositiva, precisión terminológica y rigor en la fundamentación de cada afirmación con prueba válida y lícitamente obtenida. Facilitar la labor del juzgador, fundamentar cada aserto en elementos probatorios, priorizar el argumento sobre la opinión personal y emplear un lenguaje directo y profesional no son recomendaciones retóricas: son exigencias del estándar técnico de la abogacía. En Derecho, la persuasión eficaz no depende de quién habla, sino de la calidad y coherencia de los argumentos que se presentan.

Resumen jurídico-forense

La argumentación jurídica oral constituye un elemento determinante en la práctica forense. El empleo de expresiones imprecisas o de argumentos ad hominem erosiona la eficacia técnica de la intervención letrada. Se identifican ocho patrones lingüísticos problemáticos cuyo uso frecuente afecta a la percepción de rigor por parte del órgano juzgador. Entre los principios correctores se destacan: fundamentar cada afirmación en prueba lícitamente obtenida, eliminar apelaciones a la autoridad personal, priorizar la lógica deductiva sobre la opinión subjetiva y emplear terminología precisa conforme a la técnica jurídica vigente. La claridad expositiva favorece directamente la formación del criterio judicial.

Análisis e implicaciones

Desde la perspectiva procesal, la calidad argumentativa del letrado incide en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española. Una defensa o acusación técnicamente deficiente por razones comunicativas puede comprometer el resultado del proceso. El Tribunal Supremo ha reiterado que la valoración probatoria exige una motivación racional y explícita; en consecuencia, el letrado que no articula con precisión su relato probatorio dificulta al tribunal la construcción de una motivación garantista y revisable en sede de recurso.

Aplicación profesional

En la práctica de la litigación oral, la preparación del informe final ante el tribunal exige depurar el discurso de imprecisiones. Conforme a los criterios del Consejo General de la Abogacía Española sobre calidad profesional, el letrado debe estructurar su intervención diferenciando con nitidez los hechos probados, la calificación jurídica aplicable y las consecuencias pretendidas. En procedimientos penales regulados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la coherencia entre el escrito de calificación provisional y el informe oral es un indicador directo de rigor técnico que el tribunal valora en la formación de su convicción.

Contexto normativo

El marco de referencia incluye la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Estatuto General de la Abogacía Española aprobado por Real Decreto 135/2021 y las directrices deontológicas del Consejo de los Colegios de Abogados de la Unión Europea (CCBE). La Directiva 2016/343/UE sobre refuerzo de la presunción de inocencia también establece estándares que condicionan la forma en que la acusación debe presentar y sustentar su relato probatorio ante los órganos jurisdiccionales.

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Mario Velez

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