La criminología ha sostenido de forma reiterada que la protección efectiva de las víctimas de violencia sexual no se agota en la identificación y condena de los agresores. Exige, además, que las instituciones encargadas de la persecución penal cuenten con mecanismos suficientes para detectar situaciones de riesgo, tramitar denuncias con diligencia e intervenir antes de que el daño se consuma.

El asesinato de Lyhanna, una niña de 11 años, ha puesto de manifiesto en Francia una realidad que trasciende el drama individual. El presunto autor del crimen contaba con denuncias previas por delitos de naturaleza sexual, lo que ha motivado que el Gobierno francés ordenara la revisión de aproximadamente 70.000 expedientes relacionados con abusos y agresiones sexuales a menores. El objetivo de esta auditoría es determinar si existieron deficiencias en la tramitación e investigación de denuncias que permanecían pendientes dentro del sistema judicial, sin haber recibido una respuesta adecuada.

Sin embargo, el alcance de este asunto supera con creces el caso concreto. Cuando una denuncia no es atendida con la debida celeridad y rigor, el problema ya no reside exclusivamente en la conducta ilícita del agresor: se convierte en una deficiencia estructural de la respuesta institucional. Cada expediente archivado o paralizado representa, en términos criminológicos, una víctima sin cobertura efectiva y una oportunidad frustrada para interrumpir una trayectoria delictiva en curso.

Desde la perspectiva de la teoría de la Legitimidad Institucional, la eficacia de un sistema de justicia penal no puede valorarse exclusivamente a través del número de condenas que produce. Su verdadera medida reside en la confianza que genera en la ciudadanía. Cuando emergen fallos estructurales en la gestión de denuncias, las consecuencias no se circunscriben a las víctimas directamente afectadas: erosionan la percepción colectiva sobre la capacidad del Estado para proteger a los más vulnerables. Esta pérdida de confianza se traduce, de forma inevitable, en una menor disposición a denunciar, a colaborar con las autoridades y a recurrir a los mecanismos formales de control social.

Desde la óptica de la prevención terciaria del delito, las denuncias no constituyen únicamente actos de ejercicio del derecho a la tutela judicial: son instrumentos de detección temprana que permiten identificar trayectorias delictivas persistentes, valorar factores de riesgo individuales y evaluar patrones de reincidencia antes de que la conducta escale en gravedad o frecuencia. La acumulación sistemática de información sobre conductas previas permite adoptar medidas de protección orientadas a potenciales víctimas. Cuando este mecanismo quiebra por saturación o disfunción institucional, el sistema de justicia pierde una de sus capacidades preventivas fundamentales, con consecuencias que ninguna condena posterior puede reparar íntegramente.

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