La criminología pericial en el despacho profesional: integración de la prueba científica en el proceso penal

Resumen jurídico-forense

La publicación de Elena Carracedo Barros, criminóloga y perito judicial, aborda la actividad pericial criminológica desarrollada en el ámbito del despacho profesional especializado. Se destacan los siguientes aspectos: la elaboración de informes periciales criminológicos con valor probatorio en sede judicial; la intervención del perito en procedimientos penales como auxiliar técnico del órgano jurisdiccional; la aplicación de metodología científica forense en el análisis de conducta; el cumplimiento de los estándares exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y la relevancia de la pericia criminológica como instrumento de defensa y acusación ante juzgados y tribunales.

Análisis e implicaciones

La incorporación de la criminología pericial al proceso penal refuerza la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la Constitución Española. El informe pericial criminológico, regulado en los artículos 456 a 485 de la LECrim, cobra especial relevancia en causas que implican análisis del perfil del autor, evaluación de riesgo de reincidencia o valoración de la conducta delictiva. La admisión de este tipo de pericia exige que el profesional acredite formación específica, metodología contrastada y objetividad, condiciones que determinan su eficacia ante el tribunal.

Aplicación profesional

En la práctica forense, el perito criminólogo interviene en causas de violencia de género, delitos contra la libertad sexual, homicidios y delitos de criminalidad organizada, aportando análisis de perfiles conductuales, evaluación de la peligrosidad criminal conforme a instrumentos validados como el HCR-20 o el SVR-20, y reconstrucción de dinámicas delictivas. La defensa y la acusación pueden proponer periciales criminológicas al amparo del artículo 661 LECrim, siendo el perito sometido a interrogatorio en el acto del juicio oral.

Contexto normativo

El marco legal aplicable comprende la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal en sus disposiciones sobre medidas de seguridad (artículos 95 a 108 CP), y la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. A nivel europeo, las Directivas 2012/29/UE y 2016/343/UE establecen estándares sobre derechos de las víctimas y presunción de inocencia que condicionan el alcance probatorio de la pericia criminológica.

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Elena Carracedo Barros

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