Trastorno Obsesivo-Compulsivo y Exposición con Prevención de Respuesta: implicaciones para la evaluación y el peritaje psicológico forense

Resumen jurídico-forense

La publicación aborda el Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) y su tratamiento de referencia basado en la Exposición con Prevención de Respuesta (EPR). Se destacan los siguientes aspectos clave: la naturaleza crónica y discapacitante del TOC según criterios DSM-5 y CIE-11; la EPR como intervención con mayor evidencia empírica disponible; la diferenciación clínica entre obsesiones y compulsiones como base diagnóstica; la relevancia del trastorno en contextos de incapacitación o modificación de la capacidad jurídica; su impacto funcional evaluable mediante escalas validadas como la Y-BOCS (Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale); y la necesidad de informes periciales rigurosos cuando el TOC incide en la toma de decisiones con relevancia legal.

Análisis e implicaciones

El TOC puede tener incidencia directa en procedimientos de modificación judicial de la capacidad regulados en la Ley 8/2021, de 2 de junio, que reformó el Código Civil español adaptándolo a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La EPR, al ser el tratamiento más respaldado científicamente, constituye un referente clínico ineludible en la elaboración de informes periciales que evalúen la afectación volitiva o cognitiva del sujeto. Su correcta aplicación influye en la determinación de apoyos y medidas de protección proporcionales, conforme al principio de necesidad y subsidiariedad que establece la citada norma.

Aplicación profesional

En el ámbito del peritaje psicológico forense, la evaluación del TOC exige el uso de instrumentos estandarizados como la Y-BOCS o la OCI-R (Obsessive Compulsive Inventory-Revised), complementados con entrevista clínica estructurada. En procedimientos penales, el trastorno puede ser relevante para valorar la imputabilidad conforme al artículo 20.1 del Código Penal, especialmente cuando las compulsiones determinan conductas tipificadas. En procedimientos civiles relacionados con la capacidad o la guardia y custodia, el perito debe acreditar el nivel de interferencia funcional con datos objetivos y contrastar el diagnóstico con el historial clínico disponible.

Contexto normativo

El marco normativo aplicable incluye la Ley 8/2021 sobre medidas de apoyo a personas con discapacidad, el artículo 20.1 del Código Penal en materia de imputabilidad, y la Ley 41/2002 de autonomía del paciente. A nivel europeo, el Convenio de Oviedo sobre derechos humanos y biomedicina establece garantías en evaluaciones clínico-forenses. El Consejo General de la Psicología de España regula las competencias periciales del psicólogo en estos procedimientos mediante sus guías de buenas prácticas.

Artículo relacionado

Jorge Luis Llivisaca

Ver publicación original