Manuel Angel Nicolas Cuevas
De la tragedia humana al conflicto político
Un fenómeno que se repite
Cuando se produce una tragedia con repercusión pública, las primeras preguntas deberían parecer evidentes: ¿qué ha ocurrido?, ¿por qué ha sucedido?, ¿podía haberse evitado?, ¿qué responsabilidades existen? y, sobre todo, ¿qué debe modificarse para impedir que vuelva a ocurrir?
Sin embargo, la realidad muestra con frecuencia otra secuencia. Antes incluso de disponer de todos los datos, el acontecimiento entra en el terreno de la confrontación política. Gobierno y oposición construyen interpretaciones enfrentadas, se atribuyen responsabilidades y el nombre de la víctima termina formando parte del discurso político.
El reciente fallecimiento de Maricarmen después de haber sufrido un desahucio permite volver a observar este problema. No interesa aquí determinar qué partido tiene razón ni establecer una relación causal que corresponde acreditar mediante los procedimientos pertinentes. Lo relevante para nuestro análisis es otra cuestión: ¿qué sucede cuando una tragedia humana se convierte inmediatamente en instrumento de confrontación política?
No estamos, además, ante una dinámica completamente nueva. Con circunstancias muy diferentes entre sí, acontecimientos como Barbate, Ceuta y otras tragedias de repercusión nacional han terminado acompañados de enfrentamientos sobre quién debía asumir las responsabilidades.
Precisamente porque los acontecimientos son distintos, lo científicamente interesante no consiste en equipararlos, sino en preguntarse si existe algún mecanismo común de respuesta institucional.
La víctima como argumento
Existe una diferencia fundamental entre exigir responsabilidades y utilizar una víctima para reforzar una posición política.
La exigencia de responsabilidad es necesaria en una democracia. Las instituciones deben ser fiscalizadas y quienes adoptan decisiones públicas han de responder por ellas cuando corresponda.
El problema aparece cuando la víctima deja parcialmente de ser el centro de la preocupación y comienza a funcionar como argumento de legitimación o deslegitimación.
Entonces puede producirse un desplazamiento:
del problema a la confrontación;
de la explicación a la imputación;
de la prevención a la culpabilización.
La cuestión deja de ser únicamente qué ha fallado y empieza a ser quién puede responsabilizar políticamente a quién.
Ese desplazamiento es especialmente relevante desde la perspectiva que estamos desarrollando en la CCA (Ciencia de la Conducta Antisocial)
Tesmíatrofia Institucional: cuando la función se deteriora
La tesmíatrofia como concepto en investigación
Dentro del marco teórico de la CCA estamos trabajando con el concepto de tesmiatrofia. Una de sus posibles manifestaciones es la tesmiatrofia institucional.
Debe hacerse desde el principio una precisión indispensable: estamos ante un constructo en investigación. No se presenta aquí como una categoría científicamente validada ni como una teoría definitivamente establecida.
De forma provisional, la tesmiatrofia institucional puede entenderse como el deterioro, debilitamiento o desviación funcional que experimenta una institución cuando su funcionamiento se aleja de las finalidades que justifican su existencia o comienza a producir efectos incompatibles con ellas.
Por tanto, no significa simplemente que una institución cometa un error.
Las instituciones están integradas por seres humanos y pueden equivocarse. Tampoco cualquier decisión discutible, controversia política o deficiencia administrativa debería calificarse automáticamente como tesmiatrofia.
Para poder hablar científicamente de ella habría que identificar indicadores, recurrencia, intensidad, persistencia y consecuencias.
El desplazamiento de la función
Una de las hipótesis que merece ser estudiada es el desplazamiento funcional.
Ante una tragedia, las instituciones deberían contribuir, dentro de sus respectivas competencias, al esclarecimiento, la atención de los afectados, la determinación de responsabilidades y la prevención de acontecimientos semejantes.
Pero imaginemos que progresivamente predomina otra función no declarada:
proteger la propia imagen, responsabilizar al adversario, controlar el relato, evitar costes electorales o aprovechar políticamente el acontecimiento.
La institución continúa funcionando formalmente, pero parte de su actividad puede haberse desplazado.
Precisamente ahí podría encontrarse uno de los indicadores de una eventual tesmiatrofia institucional.
No sería la existencia de conflicto político lo determinante, sino la sustitución progresiva de la función institucional por dinámicas que terminan sirviendo prioritariamente a la conservación, confrontación o rentabilidad del propio sistema político.
La instrumentalización de la tragedia
De la responsabilidad demostrada a la responsabilidad atribuida
Una segunda cuestión requiere especial atención: la diferencia entre causalidad demostrada y causalidad atribuida.
Que un acontecimiento A preceda a otro B no demuestra por sí mismo que A haya causado B. Mucho menos permite trasladar automáticamente esa relación a una responsabilidad jurídica individual o colectiva.
Sin embargo, cuanto mayor es la carga emocional del acontecimiento, mayor puede ser la presión social para encontrar rápidamente una explicación y un responsable.
Podría aparecer entonces lo que provisionalmente podemos denominar atribución causal moralizada: la transformación de una relación todavía necesitada de demostración en una atribución de responsabilidad que incorpora simultáneamente una valoración moral del supuesto causante.
La estructura sería aproximadamente:
acontecimiento → identificación de responsable → atribución causal → valoración moral → confrontación.
Esta hipótesis necesita investigación. Pero ofrece una cuestión de considerable interés: el ser humano no solamente busca explicaciones; también busca agentes a quienes atribuirlas.
Gobierno y oposición: la hipótesis de reversibilidad
Existe además una posibilidad particularmente interesante para la investigación empírica.
¿Qué ocurriría si analizáramos cómo reaccionan los mismos partidos políticos ante acontecimientos comparables dependiendo de si se encuentran en el Gobierno o en la oposición?
Podríamos formular una hipótesis de reversibilidad tesmiatrófica.
Consistiría en estudiar si determinados actores modifican sistemáticamente sus criterios de responsabilidad según la posición institucional que ocupan.
Cuando están en la oposición podrían exigir dimisiones inmediatas, atribuir responsabilidades políticas amplias y considerar insuficientes las explicaciones gubernamentales.
Cuando gobiernan podrían reclamar prudencia, esperar a las investigaciones, diferenciar responsabilidad política y causalidad material y denunciar la utilización partidista de las víctimas.
Y, posteriormente, las posiciones podrían invertirse.
Si esta reversibilidad pudiera comprobarse sistemáticamente, estaríamos ante algo más interesante que la simple acusación de hipocresía política.
Tendríamos un patrón observable y potencialmente medible.
Tesmíatrofia Institucional y endocrimia
Dos conceptos que no deben confundirse
Aquí aparece una de las cuestiones más delicadas dentro del desarrollo actual de la CCA: la posible relación entre tesmiatrofia institucional y endocrimia.
No son sinónimos.
La tesmiatrofia institucional se referiría al deterioro o desviación funcional de la institución.
La endocrimia, dentro del marco conceptual que estamos investigando, dirige la atención hacia aquellos procesos en los que el propio funcionamiento interno de un sistema puede generar, mantener o reforzar condiciones relacionadas con la CRIMIA o con formas de conducta antisocial.
La distinción resulta fundamental.
Una institución podría presentar disfunciones sin que esas disfunciones produjeran necesariamente efectos criminógenos o antisociales.
Por ello no sería correcto establecer:
Tesmíatrofia Institucional = Endocrimia.
La relación que debemos investigar es más compleja.
¿Cuándo podría aparecer una dimensión endocrímica?
La hipótesis adquiere interés cuando la disfunción institucional no permanece encerrada dentro de la institución, sino que comienza a producir consecuencias sobre las conductas, percepciones y relaciones sociales.
Pensemos en una sucesión reiterada de mensajes mediante los cuales cada acontecimiento traumático se interpreta como prueba de que un determinado colectivo político, social o institucional es culpable.
La reiteración podría contribuir a construir una división cada vez más intensa:
nosotros frente a ellos;
víctimas frente a culpables;
buenos frente a malos.
La discrepancia política legítima podría entonces transformarse progresivamente en deslegitimación moral del adversario.
Si ese proceso incrementara hostilidad, aceptación del daño, justificación de determinadas conductas antisociales o disposición a ejercerlas, tendríamos razones para investigar una posible dimensión endocrímica de determinadas manifestaciones de tesmiatrofia institucional.
Pero existe una palabra imprescindible: posible.
No podemos afirmar todavía que esa relación exista ni, mucho menos, que pueda establecerse automáticamente ante cualquier utilización política de una tragedia.
Debe demostrarse.
Hacia una línea de investigación de la CCA
De la intuición al dato
La construcción de una disciplina exige distinguir permanentemente entre una observación interesante y un conocimiento científicamente establecido.
La CCA no debería buscar acontecimientos que confirmen sus conceptos. Debería hacer justamente lo contrario: construir conceptos suficientemente precisos para que puedan ser refutados.
Una posible investigación sobre tesmiatrofia institucional podría seleccionar diferentes acontecimientos críticos ocurridos durante varios años y estudiar las respuestas institucionales y políticas producidas durante las primeras 24, 48 y 72 horas.
Podrían codificarse variables como:
atribución de responsabilidad; petición de dimisiones; referencias a las víctimas; propuestas concretas de solución; exigencia de investigación; defensa institucional; deslegitimación del adversario; intensidad emocional del discurso; utilización de términos jurídicos antes de existir una resolución; y modificación del discurso según se ocupe el Gobierno o la oposición.
Posteriormente podrían compararse comportamientos.
Entonces empezaríamos a abandonar la impresión subjetiva para entrar en el terreno de los datos.
Una pregunta incómoda, pero necesaria
El problema no consiste en que las instituciones busquen responsabilidades.
Deben hacerlo.
Tampoco debemos pretender eliminar el conflicto político. Una democracia sin discrepancia política dejaría de ser verdaderamente democrática.
La cuestión aparece cuando el sistema obtiene mayores incentivos de la confrontación que de la resolución del problema.
Por ello, una de las preguntas que la CCA podría formular es:
¿Puede llegar a ser institucionalmente más rentable encontrar un culpable que encontrar una solución?
Si la respuesta empírica fuese afirmativa, surgiría una segunda pregunta todavía más importante:
¿qué efectos produce esa dinámica sobre la conducta de la sociedad que observa continuamente ese enfrentamiento?
Ahí se encuentra la posible conexión entre institución y conducta.
Y ahí podría encontrarse también la frontera entre tesmiatrofia institucional y una eventual dinámica endocrímica.
Por ahora no tenemos una respuesta definitiva.
Tenemos algo anterior y científicamente más importante: una pregunta susceptible de investigación.
La tragedia humana no debería convertirse en una oportunidad para demostrar que nuestro adversario es peor que nosotros.
Una institución funcional debería intentar saber qué ocurrió, determinar qué responsabilidades existen y aprender del acontecimiento.
Cuando esa secuencia se invierte y la búsqueda del culpable precede sistemáticamente al conocimiento de los hechos, quizá no estemos contemplando solamente confrontación política.
Quizá estemos observando un fenómeno institucional que merece ser estudiado.
Eso es, precisamente, lo que la investigación deberá determinar.
Nota conceptual: Tesmiatrofia institucional, endocrimia y las relaciones propuestas entre ambos conceptos forman parte de un marco teórico actualmente en desarrollo dentro de la CCA. Las formulaciones contenidas en este texto deben entenderse como hipótesis y constructos de investigación y no como resultados empíricamente validados.
Bibliografía recomendada
Weaver, R. K. (1986). The Politics of Blame Avoidance. Journal of Public Policy, 6(4), 371–398. Es especialmente importante para nosotros: estudia cómo los actores políticos desarrollan estrategias para evitar la culpa, incluyendo desplazamiento de responsabilidad y búsqueda de chivos expiatorios. DOI
Artículo y DOI — Cambridge University Press
Iyengar, S., & Westwood, S. J. (2015). Fear and Loathing across Party Lines: New Evidence on Group Polarization. American Journal of Political Science, 59(3), 690–707. Fundamental para sostener la parte relativa a polarización afectiva, hostilidad hacia el adversario político y discriminación partidista. DOI
Artículo y DOI — Wiley
Reiljan, A. (2020). ‘Fear and loathing across party lines’ (also) in Europe: Affective polarisation in European party systems. European Journal of Political Research, 59(2), 376–396. Nos interesa particularmente porque traslada el problema de la polarización afectiva a sistemas multipartidistas europeos, mucho más próximos al contexto español. DOI
Artículo y DOI
Citrin, J., & Stoker, L. (2018). Political Trust in a Cynical Age. Annual Review of Political Science, 21, 49–70. Muy útil para relacionar funcionamiento político, polarización, percepción del desempeño institucional y confianza/desconfianza en las instituciones. Annual Reviews
Artículo — Annual Reviews
Levi, M., & Stoker, L. (2000). Political Trust and Trustworthiness. Annual Review of Political Science, 3, 475–507. Aporta una base clásica para diferenciar la confianza política de la percepción de que las propias instituciones o autoridades son dignas de confianza. Annual Reviews
Artículo — Annual Reviews
Hinterleitner, M. Sus trabajos sobre blame avoidance y blame games son particularmente próximos a nuestra cuestión, porque estudian las dinámicas mediante las cuales los actores políticos gestionan y desplazan la responsabilidad ante controversias públicas. DOI
Blame Avoidance in Public Policy — Springer
